El Media Pluralism Monitor 2022 (MPM2022) es un esfuerzo científico y holístico para documentar la salud del ecosistema mediático, detallando las amenazas al pluralismo y la libertad de los medios de comunicación en los estados miembros de la Unión Europea y algunos países candidatos.
Tal y como puede apreciarse en la web del Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF), el MPM2022 cubre el año 2021. Esta es la quinta implementación de MPM en toda la UE. Los puntajes de riesgo evaluados para varios indicadores y subindicadores se agrupan como Bajo (0 – 33%), Medio (34-66%) y Alto (67-100%) en las visualizaciones de texto y datos para ayudar a la comprensión. Los hallazgos destacan los riesgos para el pluralismo y la libertad de los medios en las cuatro áreas principales que abarca el MPM: protección fundamental, pluralidad del mercado, independencia política e inclusión social. El estudio comprende los Estados miembros de la Unión Europea, así como los países candidatos, Albania, Montenegro, la República de Macedonia del Norte, Serbia y Turquía.
El MPM 2022 ha confirmado los hallazgos de las cuatro rondas anteriores de monitoreo, mostrando que ninguno de los países analizados está libre de riesgos para el pluralismo de los medios.
La situación en España se mantiene similar al anterior informe del MPM. El riesgo medio domina todas las áreas bajo estudio excepto aquella relacionado con la ‘Pluralidad de Mercado’, sin ofrecer mejoras relevantes ni grandes descensos en relación con el año pasado. Respecto a las áreas que mejoran, la principal justificación se encuentra en la recuperación tras los efectos de la pandemia. En ningún tema de relevancia España ha podido experimentar una mejora debido a cambios políticos o regulaciones, aunque hay indicios de que quizás se decidan e implementen algunas reformas legales en el próximo año. En cualquier caso, España es un país que ha visto cómo los riesgos para el ‘pluralismo mediático’ se han incrementado en los últimos años. El marco actual estabiliza esta situación, sin avanzar en la mitigación ni aumentar los riesgos.
La concentración de medios es gran problema en el sistema de medios de comunicación español
En el área de ‘Protección Fundamental‘, la mayoría de los indicadores continúan en niveles de riesgo similares a los del informe anterior. No se ha aprobado la legislación pertinente para reformar algunas de las leyes que imponían riesgos de libertad de expresión y derecho a la información. Por ejemplo, a pesar de que el gobierno afirma reformar la Orgánica Leyes 1/2015 y 4/2015, no se ha realizado ningún avance en este sentido. En 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España en distintas ocasiones, al considerar que ha habido una “injerencia de los poderes públicos en el derecho a la libertad de expresión”. También continúan los problemas en relación con el derecho a la información (ausencia de una Ley Orgánica que lo defienda) y también en la protección de denunciantes (sin transposición de la Directiva de la UE).
A través de la profesión periodística, normas y protección ha podido verse alguna mejora, después de que se hayan mitigado los efectos de la pandemia de COVID-19 en la economía. También se ha reducido el desempleo en el ámbito periodístico. Asimismo, aunque sigue habiendo casos de acoso hacia los periodistas, estos son menos frecuentes que en los últimos años, principalmente debido a una política contextual menos conflictiva, con menos manifestaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden.
La ‘Pluralidad de Mercados‘ es el área que ve un mayor nivel de riesgo, con tres de sus indicadores situados en alto riesgo. España sigue siendo un país con falta de transparencia sobre la propiedad de los medios, ya que por ley sólo es obligatorio informar sobre los medios audiovisuales. España aún no ha transpuesto la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual
y el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas. Además, en España sólo la concentración horizontal en el sector de los medios audiovisuales está específicamente regulada. La concentración de medios es, por tanto, un gran problema en el sistema de medios de comunicación español, en diferentes sectores de los medios de comunicación. En televisión, los dos principales grupos mediáticos reunieron el 80% de los ingresos publicitarios, mientras que en la radio los tres principales propietarios de medios obtuvieron el 96% de los ingresos. El sector de la prensa sólo puede hacer estimaciones, aunque los datos parecen señalar que los cuatro principales grupos editoriales alcanzaron el 87% de las audiencias. La falta de datos fiables sobre el sector digital sigue siendo una deficiencia.
En esta línea, es necesario regular el mercado digital para incentivar la competencia: Meta y Google acaparan el 70% de los ingresos, según el regulador español. Han sido aprobadas varias iniciativas legislativas en relación con esto, pero aún es demasiado pronto para evaluar sus efectos. Por último, es necesario destacar que el indicador de viabilidad de los medios de comunicación mejora ya que los efectos de la COVID-19 sobre las industrias de los medios de comunicación se han reducido durante el último año. A pesar de todo ello, no se puede afirmar que la situación haya vuelto completamente a las cifras prepandémicas.
El área de ‘Independencia Política‘ presenta una evaluación global de riesgo medio, con sólo el indicador de autonomía editorial clasificado como riesgo alto. Los nombramientos de redactores jefe y otros profesionales siguen estando muy influenciados por las presiones e influencias del mercado y la política, lo que perjudica a la profesión periodística en su conjunto. Los periodistas carecen también de un marco normativo para defender su imparcialidad e independencia editorial, tanto en los medios de comunicación privados como en los de servicio público. La publicidad institucional y otras formas de financiación pública a los medios de comunicación privados siguen siendo un tema controvertido en el país.
Por último, la ‘Inclusión Social‘ muestra en general una situación de riesgo medio, aunque existen varios indicadores que se encuentran en altos niveles de riesgo. El más relevante es el acceso de las mujeres a los medios de comunicación, que pasó del 63 al 83% en tan sólo un año. Siguen existiendo grandes diferencias salariales y el número de mujeres en puestos directivos es, aún, realmente bajo, a pesar de representar un gran porcentaje de profesionales de los medios de comunicación. La proporción de mujeres que aparecen como expertas en diferentes sectores, pero sobre todo en relación con la pandemia de Covid-19, se ha reducido en comparación con años anteriores.
En relación con la ‘Protección contra el discurso ilegal y perjudicial‘, este indicador sigue siendo de alto riesgo a pesar del creciente número de iniciativas en el país contra estas prácticas y la configuración de una esfera pública menos convulsa. Sin embargo, las amenazas en línea siguen siendo frecuentes, aunque analizar su frecuencia o relevancia sigue conllevando una alta complejidad.